Es una grandísima satisfacción saber que el Alí Babá de esa cueva de ladrones que es la SGAE ha pasado una noche entre rejas y está encausado por delitos que podrían suponer 10 años de carcel. Se nos ha cansado la boca a muchos miles de personas, desde hace muchos años, de denunciar los abusos que las leyes les han permitido cometer, pero no se conformaban con lo legal y se han pringado también con lo ilegal. Esperemos que la Justicia llegue hasta el final.
Pero no es la única entidad de Gestión de Derechos que se ha pasado veinte pueblos en sus funciones. Porque antes de que CEDRO destruya los documentos que demuestren sus manejos ilegales, la justicia debería intervenir para echar luz sobre la distribución de sus ingresos, como ha ocurrido con la SGAE.
Y no podemos olvidar la insensatez de una Ley de Bibliotecas que obliga a las bibliotecas públicas a pagar un canon (impuesto) por los préstamos que realizan. Una entidad privada recaudando un impuesto que paga la Administración (o sea, todos los ciudadanos) en beneficio de esa entidad privada sin transparencia en sus cuentas, en detrimento del bien público ¿Hasta cuando?
Cedo la palabra a Blanca Calvo, adalid de la lucha contra el Pago por Préstamo, que lo dice mucho mejor que yo:
Queridos compañeros:
Sí, habría que ser políticamente correcto y empezar citando la presunción de inocencia, pero lo de la Sgae se veía venir. Cuando se maneja mogollón de dinero de manera poco transparente (por no decir totalmente opaca) puede haber mil tentaciones, y formas, de desviar una parte sustanciosa.
Y eso podría estar pasando también en Cedro. Porque todavía nadie en esa entidad ha explicado cómo se reparte lo que recaudan de fotocopias. Deben de tener una gran intuición, porque es de todo punto imposible saber qué materiales se están fotocopiando dado que las fotocopiadoras públicas son generalmente de autoservicio.
En cuanto al canon del préstamo (repartido también arbitrariamente), resulta obsceno que una asociación privada, y opaca, siga cobrando al sector público por promocionar la lectura en un momento en el que están bajando TODOS los presupuestos de bibliotecas, tanto los de compra como los de actividades y los de personal. El Ministerio, que según noticias publicadas hace unos días ha reducido a la mitad su presupuesto para compra de libros, está pagando a esa asociación por los préstamos que hacen las 52 bibliotecas de titularidad estatal. Y también están pagando las comunidades de Navarra, Madrid, Aragón y Murcia, cuyas bibliotecas (al menos me consta en el caso madrileño) están viendo bajar sus recursos.
La indignación que provoca el canon del préstamo forma parte de la indignación general que está llenando plazas y moviendo el pensamiento en todo el país. Oponerse al préstamo de pago, incluso después de que haya sido santificado por la Ley de Bibliotecas (sigo sin tragar esa paradoja de que la primera Ley de Bibliotecas española de la historia haya consagrado ese despropósito) es una obligación para los bibliotecarios indignados, porque supone defender lo público frente a lo privado.
Y que no se diga que el canon beneficia a los autores. Porque pagar el canon supone comprar menos libros, como estamos viendo. Y comprar menos libros sí perjudica a los autores, que tienen su lícito porcentaje en cada venta. Y ese es mucho más transparente.
Tenemos que seguir combatiendo el préstamo de pago. Aquí y en Europa. Para contribuir desde nuestro sector a ese mundo diferente que se está tratando de imaginar en nuestras plazas.
Blanca Calvo
Pero no es la única entidad de Gestión de Derechos que se ha pasado veinte pueblos en sus funciones. Porque antes de que CEDRO destruya los documentos que demuestren sus manejos ilegales, la justicia debería intervenir para echar luz sobre la distribución de sus ingresos, como ha ocurrido con la SGAE.
Y no podemos olvidar la insensatez de una Ley de Bibliotecas que obliga a las bibliotecas públicas a pagar un canon (impuesto) por los préstamos que realizan. Una entidad privada recaudando un impuesto que paga la Administración (o sea, todos los ciudadanos) en beneficio de esa entidad privada sin transparencia en sus cuentas, en detrimento del bien público ¿Hasta cuando?
Cedo la palabra a Blanca Calvo, adalid de la lucha contra el Pago por Préstamo, que lo dice mucho mejor que yo:
Queridos compañeros:
Sí, habría que ser políticamente correcto y empezar citando la presunción de inocencia, pero lo de la Sgae se veía venir. Cuando se maneja mogollón de dinero de manera poco transparente (por no decir totalmente opaca) puede haber mil tentaciones, y formas, de desviar una parte sustanciosa.
Y eso podría estar pasando también en Cedro. Porque todavía nadie en esa entidad ha explicado cómo se reparte lo que recaudan de fotocopias. Deben de tener una gran intuición, porque es de todo punto imposible saber qué materiales se están fotocopiando dado que las fotocopiadoras públicas son generalmente de autoservicio.
En cuanto al canon del préstamo (repartido también arbitrariamente), resulta obsceno que una asociación privada, y opaca, siga cobrando al sector público por promocionar la lectura en un momento en el que están bajando TODOS los presupuestos de bibliotecas, tanto los de compra como los de actividades y los de personal. El Ministerio, que según noticias publicadas hace unos días ha reducido a la mitad su presupuesto para compra de libros, está pagando a esa asociación por los préstamos que hacen las 52 bibliotecas de titularidad estatal. Y también están pagando las comunidades de Navarra, Madrid, Aragón y Murcia, cuyas bibliotecas (al menos me consta en el caso madrileño) están viendo bajar sus recursos.
La indignación que provoca el canon del préstamo forma parte de la indignación general que está llenando plazas y moviendo el pensamiento en todo el país. Oponerse al préstamo de pago, incluso después de que haya sido santificado por la Ley de Bibliotecas (sigo sin tragar esa paradoja de que la primera Ley de Bibliotecas española de la historia haya consagrado ese despropósito) es una obligación para los bibliotecarios indignados, porque supone defender lo público frente a lo privado.
Y que no se diga que el canon beneficia a los autores. Porque pagar el canon supone comprar menos libros, como estamos viendo. Y comprar menos libros sí perjudica a los autores, que tienen su lícito porcentaje en cada venta. Y ese es mucho más transparente.
Tenemos que seguir combatiendo el préstamo de pago. Aquí y en Europa. Para contribuir desde nuestro sector a ese mundo diferente que se está tratando de imaginar en nuestras plazas.
Blanca Calvo
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