viernes, 2 de marzo de 2007

Mas contra el Canon

Hola a todos, ya de vuelta de mi excursión a Londres a ver a mis niñas. Ya se que debería hacer una crónica ilustrada de mi viaje, que ha sido estupendo, pero una vez mas lo inexcusable quita el sitio a lo imprescindible, y lo indispensable no deja tiempo para hacer lo necesario. (debía haber buscado otra palabra que empezase por "in" o "im")

He encontrado en mi buzón un mensaje tan esclarecedor sobre la cuestión del Canon por Préstamo en las Bibliotecas, que tengo que volver sobre el asunto. Así pues, copio a continuación el mensaje de Pedro López López enviado a Iwetel el día 27 de febrero. Merece mucho la pena.

El mensaje de Ramón Salaberría da pie para continuar la reflexión que debe suscitar el momento en el que estamos. Si seguimos, por parte de la ciudadanía y los sectores profesionales, aceptando la lógica que quieren imponer los sectores empresariales más poderosos, antes de que pase mucho tiempo estarán todos los servicios públicos privatizados. Las bibliotecas se ven afectadas por esta lógica mercantilista que quiere barrer los servicios públicos, pues forman parte del apartado de "Servicios de ocio, cultura y deporte" del Acuerdo General del Comercio de Servicios, perpetrado por la Organización Mundial del Comercio a
espaldas de la ciudadanía y traspuesto en sus líneas principales a Europa mediante la Directiva Bolkestein.

La manera de actuar de estas instituciones es gradual, para no provocar rechazos frontales por parte de la ciudadanía de los países desarrollados. Por eso de momento encontramos un canon que parece poca cosa, pero si analizamos con más detalle el asunto observaremos las siguientes consecuencias:

1. Estamos aceptando un impuesto nuevo, como es el pagar por préstamo. Es abusivo que a una institución pública -la biblioteca- se le grave con un impuesto por llevar a cabo su misión principal: prestar, sin fines de lucro, libros y otros documentos. De momento, la cantidad puede ser pequeña y el usuario final parece que "no paga", pero el usuario final sí paga, porque los servicios públicos se mantienen con los impuestos. El aceptar esto es un paso importante, porque una vez que ha echado a rodar, no hay quien lo pare y más adelante el canon irá subiendo, y quizás más adelante se plantee que el usuario final sí pague, lo que sería un impuesto indirecto (o sea, de los más injustos por no tener en cuenta el nivel económico del usuario) y vendría a afectar a los sectores de población más necesitados de estos servicios.

2. En base al articulado del Acuerdo General del Comercio de Servicios, las empresas que presten los mismos servicios que organismos de la administración pública no consentirán que ésta haga "competencia desleal" y pueden exigir el "mismo trato". Y en base a la "injusticia" que supone que la administración "compita deslealmente" (claro, no estamos en la lógica de satisfacer derechos, sino en la de vender mercancías) exigirán recibir las mismas subvenciones que los órganos administrativos que satisfacen los derechos ciudadanos. Esto quiere decir que al Estado le quedarán tres opciones: o multiplicar brutalmente los presupuestos, opción inviable; o repartir el presupuesto disponible entre los órganos administrativos y las empresas, lo que conduce al colapso de las funciones que desempeña la administracion al esquilmar los presupuestos; o liberalizar los servicios públicos conduciéndolos a su privatizacioón total. Los servicios públicos, como las bibliotecas, son los pilares del Estado del Bienestar y no deben caer dentro de las reglas del mercado.

Esto es lo que está en juego, más allá del canon. Pareciera que estas cosas son irreversibles, y eso es lo que nos quiere hacer creer el "pensamiento único" (la "lógica" neoliberal), pero nada más lejos de la realidad. El AGCS y la directiva Bolkestein está generando una oleada de contestación en toda Europa de la que aquí nos enteramos poco. Hay más de mil entidades locales que se han declarado "zona fuera del AGCS", y la contestación continúa a medida que se van conociendo estos acuerdos destinados a derribar el Estado del Bienestar.

La directiva 92/100 puede contestarse, y si hay un movimiento lo suficientemente fuerte a nivel europeo -y, desde luego, hay malestar en diversos países-, puede ser retirada. Si algo diferencia al súbdito del ciudadano es que el primero se resigna. Así que, olvidémonos de expresiones como "no hay nada que hacer", "es una directiva europea y hay que cumplirla" y similares. Cientos de bibliotecas están reaccionando y apoyando la campaña contra el canon. También están reaccionando escritores, docentes, estudiantes y usuarios. No dejemos que este movimiento decaiga.

Saludos Pedro López López

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