Lo de la SGAE está bien, pero ¿qué pasa con CEDRO?

Es una grandísima satisfacción saber que el Alí Babá de esa cueva de ladrones que es la SGAE ha pasado una noche entre rejas y está encausado por delitos que podrían suponer 10 años de carcel. Se nos ha cansado la boca a muchos miles de personas, desde hace muchos años, de denunciar los abusos que las leyes les han permitido cometer, pero no se conformaban con lo legal y se han pringado también con lo ilegal. Esperemos que la Justicia llegue hasta el final.

Pero no es la única entidad de Gestión de Derechos que se ha pasado veinte pueblos en sus funciones. Porque antes de que CEDRO destruya los documentos que demuestren sus manejos ilegales, la justicia debería intervenir para echar luz sobre la distribución de sus ingresos, como ha ocurrido con la SGAE.

Y no podemos olvidar la insensatez de una Ley de Bibliotecas que obliga a las bibliotecas públicas a pagar un canon (impuesto) por los préstamos que realizan. Una entidad privada recaudando un impuesto que paga la Administración (o sea, todos los ciudadanos) en beneficio de esa entidad privada sin transparencia en sus cuentas, en detrimento del bien público ¿Hasta cuando?

Cedo la palabra a Blanca Calvo, adalid de la lucha contra el Pago por Préstamo, que lo dice mucho mejor que yo:


Queridos compañeros:

Sí, habría que ser políticamente correcto y empezar citando la presunción de inocencia, pero lo de la Sgae se veía venir. Cuando se maneja mogollón de dinero de manera poco transparente (por no decir totalmente opaca) puede haber mil tentaciones, y formas, de desviar una parte sustanciosa.

Y eso podría estar pasando también en Cedro. Porque todavía nadie en esa entidad ha explicado cómo se reparte lo que recaudan de fotocopias. Deben de tener una gran intuición, porque es de todo punto imposible saber qué materiales se están fotocopiando dado que las fotocopiadoras públicas son generalmente de autoservicio.

En cuanto al canon del préstamo (repartido también arbitrariamente), resulta obsceno que una asociación privada, y opaca, siga cobrando al sector público por promocionar la lectura en un momento en el que están bajando TODOS los presupuestos de bibliotecas, tanto los de compra como los de actividades y los de personal. El Ministerio, que según noticias publicadas hace unos días ha reducido a la mitad su presupuesto para compra de libros, está pagando a esa asociación por los préstamos que hacen las 52 bibliotecas de titularidad estatal. Y también están pagando las comunidades de Navarra, Madrid, Aragón y Murcia, cuyas bibliotecas (al menos me consta en el caso madrileño) están viendo bajar sus recursos.

La indignación que provoca el canon del préstamo forma parte de la indignación general que está llenando plazas y moviendo el pensamiento en todo el país. Oponerse al préstamo de pago, incluso después de que haya sido santificado por la Ley de Bibliotecas (sigo sin tragar esa paradoja de que la primera Ley de Bibliotecas española de la historia haya consagrado ese despropósito) es una obligación para los bibliotecarios indignados, porque supone defender lo público frente a lo privado.

Y que no se diga que el canon beneficia a los autores. Porque pagar el canon supone comprar menos libros, como estamos viendo. Y comprar menos libros sí perjudica a los autores, que tienen su lícito porcentaje en cada venta. Y ese es mucho más transparente.

Tenemos que seguir combatiendo el préstamo de pago. Aquí y en Europa. Para contribuir desde nuestro sector a ese mundo diferente que se está tratando de imaginar en nuestras plazas.

Blanca Calvo

El canon mata la cultura

Como llevaba yo ya demasiado tiempo sin traer este asunto a colación, vuelvo sobre el tema con una nueva campaña lanzada por la Plataforma Todos Contra el Canon.

Ya sabrán que las entidades que se han erigido en "Defensoras" de los derechos de los creadores, y con ese pretexto entrar a saco en nuestros bolsillos, están arreciando su afán recaudatorio hasta el punto de exigir que los bares, las peluquerías, las salas de espera de los dentistas, los autobuses, clubs deportivos y en general cualquier sitio más o menos público donde haya música de fondo, pague por ese concepto. Yo ya me di cuenta, la última vez que estuve en la peluquería, de la falta de música ambiental. Pues era por eso. Y tengan cuidado si celebran una boda, o bautizo, o comunión, porque no sería el primer acto familiar en el que se cuela un señorito de dichas entidades, a ver si tienen puesta música, para cobrar el canon correspondiente.

Y yo me digo ¿con qué criterio reparten lo recaudado? ¿Recaudan también en nombre de los artistas que no están afiliados a esas entidades, o en nombre de los que renuncian puntualmente a los beneficios? Recuerden el recital benéfico de Bisbal, por ejemplo.

Hay más información en la página de la Plataforma Contra el Canon, si se quieren descargar este modelo de esquela, o algún otro, para manifestar nuestro desacuerdo con esa actividad recaudatoria desaforada, que, por desgracia, viene auspiciada y protegida desde las más altas esferas ¡Mientras esta señora siga en el Ministerio, me parece que lo tenemos claro!

¿De verdad pensarán que están favoreciendo la Cultura?

Algunas puntualizaciones

Aunque sea ponerme muy pesada quiero matizar algunas cuestiones que aparecen en el comentario que ha dejado Francisca en mi post anterior:

- Seguramente por la imposición del canon no disminuirá el número de personas que frecuentan las bibliotecas en España, ya que desde el primer momento fue evidente para todos que pretender repercutir el canon directamente sobre los lectores era tal disparate que se descartó esa posibilidad desde muy pronto. Lo que se temió, justificadamente, es que ese dinero se sacase de los mermadísimos presupuestos de las bibliotecas españolas, menguando aún mas sus posibilidades de crecimiento. Si la mitad del presupuesto de la biblioteca se va en pagar por los préstamos que hace ¿cómo aumenta sus fondos? ¿quien sale perjudicado con esa merma? El usuario, que ya ha pagado con sus impuestos la instalación y funcionamiento de la biblioteca, vuelve a pagar por llevarse en préstamo un libro, que ya pagó para que se comprara.
Entonces, como solución brillante se arbitra que el canon lo pague la Administración (o sea, de una forma u otra, sigue siendo el ciudadano el que paga) ¿Y quién lo cobra? Las entidades gestoras de derechos, o sea, entidades privadas como la SGAE y CEDRO. Así llegamos a la situación aberrante, contraria a cualquier doctrina fiscal razonable, según la cual, en lugar de ser la Administración la que recauda un dinero mediante impuestos a las entidades privadas para disfrute de todos los ciudadanos, son las entidades privadas las que cobran dinero (un dinero que es un impuesto encubierto, aunque le llamen canon) a la Administración para repartirlo entre sus asociados sin ninguna transparencia ni ningun control. Ya le dijo el otro día el representante de CEDRO a un amigo mío, que no se quejara, que siendo autor, podía llegar a cobrar ¡60 euros ANUALES! del canon que cobra CEDRO por las fotocopias. Con eso no cabe duda de que los autores van a poder vivir holgadamente del fruto de sus obras. ¿Dónde va a parar el dinero que recaudan? ¿quién se lleva la parte del león?

- Dice Francisca "Los puestos de trabajo de los bibliotecarios están en juego." No se trata de eso, no es por ponernos lazos de altruismo, pero no nos preocupan nuestros puestos de trabajo. Si hemos hecho una oposición y somos funcionarios no es fácil que nos veamos en la calle de un día para otro. Lo que nos preocupa es que, en un país donde el 52% de la población reconoce que no lee nunca un libro (ni piensa leerlo) se machaque a las instituciones que vienen haciendo el mayor esfuerzo en favor de la cultura y la difusión de la lectura. No es como cree Francisca que las bibliotecas hayan reaccionado ahora creando Clubs de Lectura, o cuentacuentos, o toda clase de actividades de animación a la cultura, es que vienen haciéndolo hace muchas décadas, desde mucho antes de que se cerniese sobre ellas la amenaza de ningún canon. Porque esa es su vocación, su misión y su razón de ser. Una biblioteca no es nada si no tiene lectores. Y por desgracia en España se lee muy poco y se fomenta muy poco la lectura. Nos dicen que los países mas cultos de Europa tienen impuesto el canon hace mucho y eso no ha perjudicado a sus bibliotecas. Se olvidan de que esos países, con los Escandinavos a la cabeza, son países en los que se barajan estas cifras:

Dinamarca (14 préstamos habitante en 1998),
Suecia (9 préstamos),
Noruega, Finlandia (19’5 préstamos)
España (0,5 préstamos por habitante)

Es decir, que son países con muchas bibliotecas, muy bien atendidas y financiadas y con un gran arraigo y uso entre la población. Hay una cultura de intenso uso de las bibliotecas. Todo lo contrario que en España, en donde, de ese 48% de población que lee de vez en cuando, es sólo una pequeñísima minoría la que es usuaria de las bibliotecas. Lo que están necesitando éstas es que les pongan las cosas aún mas difíciles.

Y para terminar pongo aquí algunas opiniones vertidas por bibliotecarios en nuestras comunicaciones por correo: Carolina del Olmo da algunos datos:

España es, creo (aunque mis datos no está muy actualizados), el cuarto país de Europa en producción editorial y el sexto mundial. En 2002, el mercado del libro español, dominado por grandes grupos editoriales, facturó en su conjunto 2.674 millones de euros, casi un 0,5% del PIB. Y, sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes del sector editorial es que es uno de los más subvencionados con fondos públicos del mundo. (el año 2006 la industria editorial española recibió subvenciones por valor de 16 millones de euros) O sea, lo que está feo, feo, es recibir pasta a espuertas y a la vez, exigirla de esta manera.

Por último, es fundamental tener en cuenta que en España la presión para implantar el canon viene de CEDRO, entidad cuya misión, en teoría, consiste en “mejorar en España las condiciones de trabajo de los creadores de la cultura escrita y facilitar a los ciudadanos el acceso legal a libros”. Ahora bien, cuando uno echa un vistazo al organigrama de CEDRO, la cosa se complica: el actual presidente de CEDRO, Josep M. Puig de la Bellacasa (de Multimedia Ediciones, grupo Planeta), es en estos momentos vocal de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y era hasta hace bien poco el vicepresidente 2º de esta misma entidad y presidente del Gremio de Editores de Cataluña. El vicepresidente 2º de CEDRO, Antonio Roche (editorial Biblioteca Nueva), era todavía en 2003 vicepresidente 1º de la FGEE. El actual vicepresidente 3º de la FGEE, Javier Gogeascoechea (Desclée de Brouwer), es vocal de CEDRO y presidente del Gremio de Editores de Euskadi. Fermín Vargas (Alianza Editorial) es tesorero de la FGEE y vocal de CEDRO…
En definitiva, es como si el director de una empresa, disfrazado de sindicalista, pidiera ayuda a las administraciones públicas para mejorar las condiciones de vida de sus empleados (a los que no le da la gana de subirles el sueldo) y, de paso, se
ofreciera él mismo para gestionar esas ayudas económicas… ¡qué miedo!

Otro bibliotecario, Isaac Carrascal, desde Holanda nos cuenta:

Desde hace un tiempo resido en Holanda. Hace unos meses, por razones personales, me mudé del extremo Este a la zona Oeste. En ese momento mi capacidad económica no era exactamente sólida (vaya eufemismo) por lo que, puesto que me gusta leer, me fui a la biblioteca pública mas cercana. Pero menuda sorpresa cuando me pidieron cerca de 15 Euros para una suscripción trimestral excluyendo, por supuesto, los posteriores pagos por cada documento prestado. Resultado: soy bibliotecario y resulta que no tengo ni el carné de la biblioteca pública...

Y no se por que me viene a la mente aquellas palabras de Martin Niemöller "primero vinieron a por los comunistas, y yo no hablé por que no era comunista..."

Así, que vayamos preparándonos... Por ahora no va a repercutir el canon sobre los usuarios, más adelante ¿chi lo sa?...

Lo que hay detrás de tanto canon

Con el permiso de su autor, Pedro López López, voy a poner aquí un mensaje que ha enviado hoy a una lista de correo entre bibliotecarios, donde como es lógico, seguimos dando vueltas al tema de los cánones; sobre todo al que mas nos atañe, al canon que va a gravar los préstamos en las bibliotecas con una cantidad que parece pequeña, 0,20 cm por cada préstamo. Pero al margen de la suma resultante, que multiplicada por ejemplares y bibliotecas no es nada desdeñable, como dice la sabiduría popular "No es por el huevo, es por el Fuero". Y no olvidamos tampoco el otro canon, el digital que se abona por material virgen, y que no lo olviden, estamos pagando ya, desde hace cuatro años, al comprar CDs y DVDs vírgenes.
Hay muchas reflexiones que hacer en torno a estos dos cobros, uno porque nos considera a todos culpables antes de que se pruebe tal cosa, y nos multa preventivamente, que eso es el canon digital; otro, porque va a terminar saliendo de las arcas de la Administración rumbo a las de las entidades privadas, como SGAE y CEDRO, dando lugar al más esperpéntico de los disparates: que una entidad privada recaude un impuesto, y que quien pague sea la Administración, o sea todos los ciudadanos INCLUIDOS LOS QUE NUNCA USAN LAS BIBLIOTECAS ¡¡¡¡!!!!

Paso a copiar el texto de Pedro López López, que no tiene desperdicio:

"... yo creo que estamos en un debate fundamental, tanto para las bibliotecas como para los servicios públicos y que no debemos perder de vista que la filosofía de los servicios públicos es una y la del comercio es otra. El problema es que la esfera del comercio intenta someter y estrangular a la esfera pública.

Creo que hay que remontarse al origen de los servicios públicos. Por parte del sistema capitalista se reconoce desde muy temprano que el mercado genera grandes desigualdades. Eso creo que sigue siendo una realidad innegable en nuestros días. Durante el siglo XIX el movimiento obrero tiene una enorme fuerza y en 1917, como todos sabemos, surge la revolución soviética. Entonces, el propio capitalismo ve en peligro su supervivencia, habida cuenta de la fuerza del movimiento obrero que en lo que piensa es en hacer una revolución que sustituya el sistema capitalista por el socialista. La reacción desde el sistema capitalista es ver cómo pueden atenuarse las desigualdades para que la gente no esté tan desesperada como para pensar en hacer la revolución. Por eso se fortalecen los servicios públicos, pensados para cubrir las necesidades más apremiantes de las clases desfavorecidas. La vía para sufragar esos servicios no puede ser otra que los impuestos. De manera que los servicios públicos, que pagamos entre todos, y por tanto tenemos derecho a ellos, están concebidos para atender a una serie de
derechos fundamentales que aseguran una vida digna a todos los ciudadanos, sea
cual sea su extracción social.

La esfera del comercio ha quedado al margen de este sistema, ideando productos y servicios que aporten algún valor añadido. Si tenemos una red de transportes públicos, lo que aportan los transportes privados se supone que es una mayor rapidez y mejores condiciones (puede ser simplemente lujo). Se supone que me desplazo mejor y más rápido en un taxi que en un autobús (es la lógica del sistema), y por eso las compañías privadas ofrecen este servicio; pero eso no debe llevar a cuestionar el sistema público con el argumento de que el sistema público "hace la competencia". La competencia debe ser entre empresas, exclusivamente. Pero esto se ha pervertido y ahora se dice que los servicios públicos hacen la competencia. Con este argumento nos cargamos los servicios públicos, porque los gobiernos no podrán diseñar ninguna política pública.

Si habéis visto el programa de anoche con Zapatero respondiendo preguntas a los ciudadanos, veréis que muchos reclaman al Estado que solucione problemas de vivienda, de trabajo, de prestaciones sanitarias, etc. Pero ningún gobierno puede asegurar nada si los ciudadanos (y los gobiernos también) seguimos dejando que las empresas se apropien de los espacios que hasta ahora están reservados a la acción de los poderes públicos. No tendremos a quién reclamar cuando falten pensiones, viviendas, prestaciones sanitarias o bibliotecas. Si las empresas se apropian de todos los espacios, no podremos exigir que las necesidades sociales sean cubiertas, porque la misión de la empresa es ganar dinero, no cubrir las necesidades de los ciudadanos. Si seguimos con esta dinámica, lo lógico es que no haya partidos políticos ni espacios ciudadanos, sino que gobiernen directamente las empresas; ya lo hacen en gran medida en la trastienda, pero ¿para qué vamos a seguir con el paripé de los partidos políticos? La cuestión es si el paraíso que nos ofrecen en la publicidad es creíble. Ahí están tantos escándalos de empresas y empresarios "modélicos" que han vendido humo que hemos pagado luego muy caro. Con frecuencia se habla de la corrupción de poderes políticos, pero no hay que olvidar que quien corrompe a los políticos son poderes privados.

Los servicios públicos han quedado fuera del mercado, y representan como la mitad del PIB en Europa. Lo que pretenden las empresas es integrar esta mitad del PIB europeo en el mercado (operación también válida para todo el planeta, naturalmente), y esta es la ofensiva que estamos sufriendo. Y esto incumbe también a las bibliotecas, que ya están consideradas como "servicios culturales" en el Acuerdo General del Comercio de Servicios. Se pretende que sean otro negocio más. Y el acoso a ellas irá en aumento con el argumento de que hacen la competencia a empresas que se dedican a vender libros o materiales audiovisuales o acceso a Internet. Por eso cuando hace años se produjo la liberalización de las telecomunicaciones no era, como decía la propaganda, para prepararnos para la sociedad de la información; era para privatizar las telecomunicaciones, sencillamente. El discurso tecnológico no es más que una pantalla para encubrir que en realidad de lo que se trata es de que servicios que teníamos asegurados por los poderes públicos financiados con los impuestos, cada vez van a pasar más a ser ofrecidos a los clientes según su nivel adquisitivo. De manera que no es que la esfera pública esté invadiendo la privada, sino al contrario. Los ciudadanos tienen derecho a elegir el destino de sus impuestos, cuyo destino lógico es el de una buena red de servicios públicos.

Si sigue esta acusación de "competencia desleal" hacia los poderes públicos, creo que las empresas deberían, por un mínimo de decencia, renunciar a cualquier ayuda pública. Esto afecta editoriales o a colegios concertados. El que quiera un servicio privado, está en su derecho, pero que se lo pague íntegramente. Me hace mucha gracia la acusación que se hace a los que defendemos los servicios públicos de que queremos que nos proteja "papá Estado", pero a quien protege más "papá Estado" es a las empresas cuando les va mal, con desfalcos y con operaciones desastrosas que luego obligan a reflotar empresas inyectando dinero público sacado de nuestros impuestos. Me parece muy bien que compitan las empresas, pero que no nos obliguen a competir a todos las veinticuatro horas del día. Creo que la cultura y la información, nuestras materias primas de trabajo, conjugan mejor con el verbo compartir que con el verbo competir.

Saludos cordiales

Pedro López López "

Añado dos noticias que vienen a cuento:

http://www.laflecha.net/canales/wireless/200405061/

http://www.elmundo.es/navegante/2004/04/16/esociedad/1082104260.html